... se está planteando elaborar un plan de regularización fiscal con el objetivo de repatriar dinero evadido al extranjero y hacer aflorar el dinero negro generado en España. Ante la especulación que los medios de comunicación han llevado a cabo con el tema, la ministra Salgado ha salido diciendo que el Gobierno no se plantea la amnistía fiscal, y que lo único que tienen en marcha es un plan muy ambicioso de lucha contra el fraude fiscal.

Lo cierto es que España, al igual que otros países de Europa, tiene en estos momentos un grave problema para encontrar financiación no sólo en el sector público sino también en el sector privado. El Banco Central Europeo ya ha comenzado a frenar sus compras de deuda soberana, lo que implica quitar liquidez al sistema, en un momento en el que las necesidades de liquidez siguen en aumento. La rebaja de la calificación de España hace unas semanas supone mayores problemas para que los inversores compren deuda española, y los que lo hacen exigen rentabilidades en torno al 4,5% a 10 años, cuando a Alemania se le exige una 2,5%. Por eso se habla de que el bono español está en máximos históricos y el alemán en mínimos históricos.

Con esta situación parece que la tentación de conseguir liquidez a cualquier precio,  el fin justifica los medios, podría llevar a nuestro Gobierno a permitir una amnistía fiscal. Lo que eso implicaría es permitir que aquellos que han defraudado a Hacienda puedan sacar el llamado “dinero negro” y blanquearlo a través de una deuda pública especial, de manera que el dinero iría a financiar la deuda del Gobierno. Italia ya ha utilizado esta medida en tres ocasiones. En nuestro país ya se hizo en 1984 cuando era ministro Miguel Boyer, y en 1991 con Carlos Solchaga. La medida suele ser bastante impopular porque aquellos que pagan sus impuestos de forma regular, lo consideran un agravio comparativo de enorme magnitud, y por cierto no les falta razón.

Los que están a favor de la medida dicen que la situación en España es tan dramática, que todo aquello que evite tener que acudir al Fondo Monetario Internacional o a nuestros socios comunitarios para pedir dinero, que de facto sería una suspensión de pagos, debe ser bien acogido.

Los que están en contra, por ejemplo el colectivo de técnicos de Hacienda,  afirman que con una amnistía fiscal no se acabaría con la economía sumergida de España y sería una media discriminatoria para el resto de ciudadanos que han pagado sus impuestos.

En la última experiencia de una amnistía fiscal en España con Solchaga, lo cierto es que sólo acudieron al blanqueo del dinero, aquellos particulares o sociedades que bajo inspección optaron por suscribir la deuda y no tener que pagar impuestos, dado que el resto no querían declararse como defraudadores fiscales, para no estar en el punto de mira de la Hacienda Pública.

En fin la polémica está servida y veremos como finaliza. Lo cierto es que la situación es bastante desesperada: no hay liquidez, se recortan los gastos sociales, se suben los impuestos y ya veremos que pasa con el dinero que tienen guardado los defraudadores.

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