El secretario regional de UGT, Agustín Prieto, aseguró este jueves que el Decreto Ley que modifica la Ley de Cajas, aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta, está hecho “a la carta” y sin negociación con el Diálogo Social. Prieto reprochó a la Junta que haya roto el compromiso adquirido hace dos años de negociar con los miembros del Consejo del Diálogo Social esta normativa, si bien reconoció que han recibido la información antes de que se aprobara en la citada reunión de consejeros.

El líder ugetista subrayó que la promesa del Ejecutivo regional era negociar esta norma y denunció que “no se ha tenido en cuenta” el documento remitido hace tiempo por UGT sobre este aspecto. En cuanto al fondo de la cuestión, indicó Prieto, el Decreto adapta la norma estatal y clarifica algunas cuestiones de lo que el Ejecutivo considera que es “lo mejor para los intereses de Castilla y León”.

Estos cambios, dijo, cuando se publiquen en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y entren en vigor, van a llegar previsiblemente antes de que se reúnan las asambleas de Caja Ávila y Caja Segovia para decidir sobre la integración en el SIP que lidera Caja Madrid. En este Decreto, añadió, se habla de que para tomar esta decisión tienen que votar a favor cuatro quintos y no dos tercios como hasta ahora. “Esto puede cambiar sustancialmente el poder de decisión y las reglas del juego”, subrayó Prieto.

En lo que se refiere a la profesionalización de los miembros de las entidades, Agustín Prieto confió en que con ello se pretenda que los órganos de gobierno de las cajas estén en manos de “verdaderos gestores”. No obstante, vio “difícil” que el 50 por ciento de los consejeros sean profesionales de las entidades. “¿Cuántas personas de esta Comunidad existen que hayan estado al frente de un puesto similar?”, se preguntó.

Además, consideró difícil que esto se lleve a cabo en los consejeros elegidos por impositores o trabajadores. A juicio de Prieto esto pone “puertas al campo y atenta contra el carácter de lo que es la filosofía y la naturaleza jurídica de las cajas”. Además, valoró que se haya reservado un porcentaje para la presencia de los miembros del Consejo del Diálogo Social.

Cecale

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) censuró hoy que el nuevo Decreto Ley que modificará la normativa de cajas, haya añadido “de forma indiscriminada la incompatibilidad para titulares de ‘operaciones vinculadas’ en su posible participación en la entidades, sean empresarios o no”, ya que, en su opinión, “va a mermar de forma dramática la participación empresarial en las cajas por la vía de impositores”, situación que califican como “gravísima e injustificable, y que podría resolverse con propuestas de mejora de la transparencia y no con una medida tan drástica e injusta”.

“No es baladí, asimismo, la reducción del peso del ámbito político en las cajas, así como la drástica reducción de la participación de entidades locales, pero la composición establecida anteriormente generaba un alto grado de politización en sus órganos de decisión y puede ser positivo”, aseguran en un comunicado.

Además, lamentan que el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno regional se reduzca “únicamente” a la incorporación de un único representante del Diálogo Social en los órganos de gobiernos de las Cajas, “no garantizándose así la defensa de los respectivos intereses de los agentes económicos y sociales, clave para el desarrollo social y económico de la región”.

En este sentido, considera “desilusionante” el “incumplimiento” de la Junta del compromiso de acordar con los agentes sociales el Decreto Ley que modificará la normativa regional sobre la Ley de Cajas, y solicitó al Gobierno regional que “no renuncie a posibles modificaciones en el ámbito de la nueva ley de reforma del sistema financiero de Castilla y León, y que se acuerde en el seno del Diálogo Social”.

Desde Cecale valoran el establecimiento de un régimen de incompatibilidades y el aumento de los requisitos de profesionalización y experiencia para formar parte de los órganos de gobierno, “dado que se garantizará la gestión eficiente y competitiva de los intereses de los impositores, tanto de los particulares como de los empresarios”.