Más de dos años han pasado desde que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, lanzara la necesidad de un debate regional sobre la oportunidad de que Castilla y León contara con un “músculo financiero” suficiente para hacer frente a la financiación de sus proyectos de desarrollo en un momento marcado por la reducción de los fondos europeos y por la crisis económica que entonces sólo se atisbaba.

Fue un 28 de noviembre de 2007, en un discurso pronunciado en el auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid durante la clausura de ForoBurgos, un acto convocado, precisamente, por Caja de Burgos y en su mensaje Herrera advirtió a los responsables de las cajas de ahorro de Castilla y León de su “obligación” de tomar una pronta decisión para poner a disposición de la Comunidad un “músculo financiero” para afrontar proyectos de futuro.

Dos años después –y un fallido intento de suscribir un acuerdo de integración entre las seis entidades de la Comunidad- los Consejos de Administración de Caja España y Caja Duero aprobaron hoy una fusión que llevará a crear la octava caja de España por volumen de activos, en el proceso de todos los que están en marcha más parecido al diseño inicial que tenían tanto la Junta como el Partido Socialista de Castilla y León.

Atrás han quedado intentos fallidos, como que Caja de Burgos se sumara a la operación y un proceso complicado con momentos tensos, ruptura de negociaciones y presiones del Banco de España y de la Junta de Castilla y León, que todavía debe lograr el refrendo de las respectivas asambleas generales para poder llevarlo a cabo.

El guante lanzado ese 28 de noviembre por el presidente de la Junta, lo recogieron, en primer lugar y de forma contundente, PP y PSOE que se pusieron a trabajar, mano a mano, en el diseño de un modelo que pudiera ser aceptado por las seis cajas y las nueve provincias de la Comunidad, siempre desde el convencimiento de ambas formaciones de la imperiosa necesidad de culminar con un nuevo sistema financiero regional que ofreciese garantías de futuro al desarrollo de Castilla y León.

Ese reto común tiene su reflejo el 30 de octubre de 2008, cuando se presenta un acuerdo para la creación de la sociedad Grupo de Cajas de Castilla y León. Una propuesta elaborada por el despacho de Uría Menéndez, que apela a la integración de las cajas en un grupo contractual “que proporciona gran parte de las ventajas de la fusión y, al mismo tiempo, permite evitar sus inconvenientes al preservar la identidad, autonomía y territorialidad de cada caja”, según defiende el texto.

Ese día el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el recién elegido secretario general del PSCyL-PSOE, Óscar López, presentan en la sede de las Cortes, el documento de consenso a los responsables de las seis cajas de la región, de UGT, CCOO y Cecale y del Banco de España.

El entonces presidente de la Federación Regional de Cajas de Ahorros y responsable de Caja de Burgos, José María Arribas, anuncia una comisión técnica integrada por los directores de las seis cajas de Castilla y León, para analizar el nuevo modelo. Por su parte, los agentes económicos y sociales muestran un amplio respaldo al documento. El 6 de noviembre de 2008, Herrera y López reúnen a los medios de comunicación en Valladolid para presentar a la sociedad el modelo pactado por sus partidos.

El proceso avanza y el 11 de diciembre, los directores generales de las cajas de ahorro de la Comunidad cierran un protocolo de integración para someterlo a sus consejos de administración. El texto, que se debate en un encuentro en Madrid junto a los asesores de Deloitte, Afi, Garrigues y Uría Menéndez, define que la formación del consejo de administración de la futura entidad se hará de manera “proporcionalmente relativa”. Es decir, que las cajas más grandes tendrán más representantes que el resto, pero menos que si se aplicara directamente su peso en términos de volumen de negocio y de activos.

Los presidentes de las seis cajas de ahorro de Castilla y León dan un paso más el 22 de diciembre en el seno de la Federación Regional de Cajas de Ahorro y se comprometen a que los consejos de administración de las respectivas entidades se pronuncien “no más tarde” del mes de enero sobre el protocolo del modelo para la integración de las cajas de ahorro de la Comunidad en un Grupo Contractual, elaborado por los directores generales y asesores externos en respuesta al proyecto de consenso que han presentado PP y PSOE.

Las negociaciones entre los altos ejecutivos de las cajas van en paralelo a las que mantiene la Junta con agentes económicos y sociales sobre el protocolo. Así, el martes 3 de febrero, PP, PSOE, CCOO, Cecale, IU y CSICA escenifican en la sede de las Cortes su apoyo al proceso de integración de las cajas de ahorro y justifican los avances en esta dirección en la necesidad de contar con un instrumento “que haga Comunidad”.

La declaración de apoyo al proceso de integración de las cajas contempla el compromiso de estudiar “todas las opciones jurídicamente posibles” para la constitución de la entidad que gestionará el Grupo Cajas de Castilla y León siempre y cuando quede perfectamente claro que “la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro de Castilla y León se respetará de manera íntegra y está fuera de toda negociación”.

UGT mantiene una oposición frontal en esta materia y reclama a la Federación Regional de Cajas que lidere el proceso de integración con la creación de un Sistema Institucional de Protección (SIP), como fórmula jurídica contractual que posibilite que las seis cajas de ahorro de la Comunidad mantengan su total autonomía pero asuman los problemas de cada una y protejan así a las más débiles.

Frenazo

Sin embargo, el proceso sufre un frenazo el 9 de febrero, cuando los presidentes apelando a la autonomía de cada caja y a la necesidad de que sean las propias entidades quienes lideren el proyecto deciden no someter a sus consejos de administración el plan de integración.

La Federación de Cajas manifiesta que no es “conveniente ni oportuno” hacerlo y suscribe con el voto en contra de Cajacírculo (única entidad que somete el protocolo a su Consejo de Administración, que lo rechaza), un documento en el que se comprometen a materializar con “premura” un proceso de consolidación o integración dirigido a adoptar las medidas de reestructuración necesarias para reforzar la solvencia del sistema financiero regional. Las cajas, que apelan a la confidencialidad, toman ahora la iniciativa, lo que supone “un paso de mayor compromiso y profesionalidad”, según dice Arribas.

En esta línea, el 24 de febrero, acuerdan la creación de una comisión de trabajo con el cometido de ir dando “pasos sucesivos con rapidez, flexibilidad y amplio alcance”, para reforzar la “solvencia, la liquidez y la rentabilidad del sistema financiero regional”. La Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León se reúne esa mañana con el presidente y el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca), Juan Ramón Quintás y José Antonio Olavarrieta, respectivamente, y con el director general de supervisión del Banco de España, Javier Aríztegui, para explicarles su nuevo posicionamiento.

Dos días después, el 26 de febrero, el Consejo de Administración de Caja España, urge por unanimidad a su presidente y al Comité Directivo a impulsar procesos que conduzcan a un modelo que integre a las cajas de Castilla y León “bajo la fórmula que sea más eficiente”. En la misma línea, aunque el 10 de marzo, el Consejo de Administración de Caja Duero, aprueba un mandato para contactar con el resto de cajas, con las otras cinco, para ver su disponibilidad para iniciar procesos de consolidación, integración o fusión, con dos condiciones, que redundaran en beneficio de Caja Duero y que, además, fortalecieran el sistema financiero regional”.

Dos protagonistas

Las dos entidades de ahorro más grandes de la región se posicionan ya como protagonistas del proceso y el 12 de marzo informan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de los acuerdos alcanzados por sus respectivos consejos de administración. Las dos cajas inician contactos al máximo nivel.

A finales del mes, el 26 de marzo, Julio Fermoso anuncia al Consejo de Administración de la entidad que “por razones personales” seguirá sólo como presidente institucional, con labores de coordinación y representación de la caja, abandonando las ejecutivas. El director general, Lucas Hernández, asume desde abril la gestión diaria y las funciones ejecutivas, tal y como sucede en el resto de cajas de ahorro de la Comunidad.

José María Arribas abandona la Presidencia de la Federación Regional de Cajas y es sustituido por el presidente de Caja de Ávila, Agustín González, el 17 de abril. No tarda mucho el nuevo presidente en dejar claro su rechazo al proceso y el lunes 20 de abril, sostiene que las seis entidades de la Comunidad pueden sobrevivir al margen unas de otras y descarta que se vayan a producir “decisiones totales” sobre el proceso para el fortalecimiento del sistema financiero regional durante su mandato de un año, aunque asume que “quizás” se adopten acuerdos parciales.

Informe KPGM

El 20 de mayo, los consejos de administración de Caja España y Caja Duero acuerdan de forma unánime, iniciar un proceso conjunto y coordinado que desemboque en una decisión firme sobre la fórmula elegida para combinar sus estructuras, negocios y actividades. Asimismo, suscriben un acuerdo de confidencialidad.

Los consejos de administración de las dos grandes cajas, encargan a finales de mayo a la consultora KPMG, que analizara las alternativas "más eficientes de combinación". A principios de julio, el Banco de España traslada a la cúpula directiva de Caja Duero y Caja España que vería con buenos ojos la opción de una “fusión plena” frente a una “integración parcial”.

El 7 de julio, las dos cajas encargan un nuevo informe a la empresa consultora que asesora técnicamente su proceso de integración para determinar con exactitud el peso que cada uno de los socios debe tener en la entidad que resulte de su unión. La autoridad monetaria plantea el nuevo estudio, que costará un millón de euros, ante las limitaciones del primero.

La entidad supervisora del sistema financiero advierte también a las dos cajas que necesitan una tercera aliada para que la operación sea plenamente exitosa. Al respecto, asegura que el primer estudio revela que una unión a dos bandas no es suficiente para estabilizar todos los indicadores de las entidades implicadas. Esta tercera entidad, según sugiere el propio Banco de España, podría ser Caja de Burgos.

A finales de julio, Caja de Burgos desvela que también ha encargado un informe a la consultora KPGM, la misma que analiza la unión de las otras dos. Además, suscribe el 20 de agosto un pacto de confidencialidad para compartir con las dos grandes cajas de la región toda la documentación contable, económica y financiera que permita a las tres analizar la conveniencia de una unión en una sola.

Las negociaciones entre las tres cajas se dilatan en el tiempo y el 20 de octubre, el Banco de España advierte de que ejercerá “sus funciones de supervisión” si los consejos de administración de Caja España, Caja Duero y Caja Burgos no aprueban el documento de fusión antes del 10 de noviembre. Los acontecimientos se suceden con premura.

La propuesta elaborada por la consultora, que no define la sede o sedes, ni el organigrama, entre otras cuestiones, se presenta en los consejos de administración, con informaciones que apuntan al cierre de 300 oficinas y la eliminación de 1.400 empleos. Precisamente, en los últimos días, los presidentes de las tres entidades han estado perfilando las cuestiones ‘políticas’ de la fusión, es decir, el reparto de sedes y el organigrama directivo de la nueva entidad resultante. Además, los responsables de las entidades consideran que será necesario pedir financiación por valor de 731 millones de euros al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancario (FROB) para llevar a cabo la fusión de las tres entidades, un préstamo que deberá devolverse en un periodo de cinco años.

La otra parte, los representantes de los trabajadores, advierte de que no podrá haber acuerdo sin un plan laboral consensuado. Así, la Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales, en Madrid, acoge el 28 de octubre el primer encuentro de negociación del plan laboral, en el que los responsables de las secciones sindicales de Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos no “avalan” las cifras que se manejan para cerrar el proceso.

De este modo, los consejos de administración de Caja España, Caja Duero y Caja Burgos se limitarán a aprobar un acuerdo inicial para abordar la fusión de las entidades que, en todo caso, no incluirá el pacto laboral con los sindicatos, un acuerdo que deberá negociarse a partir de mañana.

Las dos grandes solas

El 10 de noviembre, los consejos de Administración de Caja España y Caja Duero aprueban por unanimidad iniciar el proceso de fusión, cumpliendo los plazos de la autoridad monetaria. Sin embargo, el Consejo de Administración de Caja de Burgos lo rechaza con la misma contundencia, por divergencias de criterios en el diseño del proyecto, para lanzarse la entidad burgalesa, posteriormente, a su integración en Banca Cívica, junto a Caja Navarra, y CajaCanarias, proceso al que dirigen sus miradas meses más tarde Caja de Ávila y Caja Segovia.

El 23 de diciembre se reúne la comisión negociadora de los aspectos ‘políticos’ del proceso, que culmina sin acuerdo tras seis horas durante las que se debatió sobre el organigrama de gobierno de la futura entidad, el equipo directivo y el reparto de sedes, que separa a ambas entidades. Las partes se conminan a un nuevo encuentro el lunes 28 de diciembre, que tampoco permite avanzar.

Junta y Banco de España conminan a las partes a alcanzar un acuerdo y el 4 de diciembre en Tordesillas (Valladolid), la mesa negociadora cierra un pacto, después de maratonianas reuniones que comenzaron en la tarde del día anterior. Finalmente, y en términos generales, León acogerá la Presidencia, Secretaría General, la sede social y los servicios jurídicos de la futura entidad fusionada, junto con algunas áreas como riesgos y recursos humanos, mientras que la Dirección General, la sede operativa y el control de la red comercial de la nueva entidad, así como la sede de la obra social estarán en Salamanca. El camino parece ya allanado, aunque en la última semana antes de la votación de los consejos de administración para la aprobación definitiva del proceso, hoy, vuelven a surgir discrepancias sobre el reparto de poder entre ambas cajas..

El plan de fusión recoge que los préstamos necesarios del Fondo de Reestructuración y Orientación Bancaria (FROB) para hacer frente a la fusión estarían en 525 millones de euros y el ajuste alcanzaría a 846 trabajadores y a 230 oficinas. La mesa laboral prosigue con sus reuniones en paralelo, no exentas de dificultades, y 23 de febrero, se rompen las negociaciones por planteamientos “inasumibles” de la parte sindical y viceversa. UGT, sindicato mayoritario, anuncia que votará en contra de la fusión en los consejos de administración hasta que se haya firmado un protocolo laboral, que se sume al plan de viabilidad de la fusión.