Ecologistas en Acción mostró hoy su apoyo a la propuesta de la Junta de Castilla y León de penalizar fiscalmente el depósito en los vertederos de los residuos urbanos, industriales y de la construcción, aunque pidió “diálogo” al Gobierno regional ya que creen que, para que esos beneficios se lleguen a producir, sería necesario que se evitara el vertido incontrolado de los residuos y que se desviaran los desechos a las instalaciones de incineración existentes o en proyecto en la Comunidad.

Para ello, los ecologistas consideran necesario el refuerzo de la actuación de los agentes medioambientales de la Junta y de la Guardia Civil, así como la ampliación del nuevo tributo a la incineración de los residuos, como lleva años funcionando en Cataluña.

La propuesta del Ejecutivo autonómico, incluida en el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, contempla que los titulares de los doce vertederos de residuos urbanos e industriales no peligrosos existentes en la región deberán abonar siete euros por tonelada no valorizable y 20 por tonelada susceptible de aprovechamiento. En el caso de los tres vertederos de residuos peligrosos, la tributación se eleva a 15 y 35 euros por tonelada, respectivamente. Finalmente, los de residuos de construcción y demolición se gravan con tres euros por tonelada de escombro no aprovechable.

Los ecologistas consideran que la entrada en vigor de este nuevo tributo autonómico penalizaría el vertido de los residuos en beneficio de la reducción de los no valorizables y de la recuperación y el reciclado de los aprovechables, a la vez que mejoraría el conocimiento estadístico sobre su producción y gestión, actualmente muy deficiente.

Sin embargo, la organización entiende que en el caso de los vertederos de residuos urbanos es necesario transferir la recaudación del nuevo tributo a las entidades locales para que éstas mejoren sus sistemas de recogida selectiva de las basuras, mientras que en los de residuos industriales y de la construcción proponen que se destine a la creación y funcionamiento de la Oficina de Producción Limpia prevista en el Plan de Residuos Industriales de Castilla y León, con la finalidad de promover la mejora medioambiental de los procesos industriales en general y la reducción de los productos y residuos tóxicos y peligrosos en particular.