|
|
Díez ha explicado que esa resolución emitida previamente por la Junta se baja en las visitas realizadas a la planta y en el informe de Inspección de Trabajo de León sobre la propuesta de extinción presentada por la empresa propietaria de Elmar, Grupo Pescapuerta, y que se basaba en que “no era posible la continuidad de la actividad ordinaria de la actividad”. Sin embargo, uno de los principales argumentos de la desestimación se basa en que “la consideración de las causas económicas no debe realizarse sólo sobre la planta de León” sino “en la consideración general del grupo”.
Por eso, aún sin conocer exactamente los argumentos del Ministerio de Empleo para rechazar la propuesta de extinción de Pescapuerta, el director general de Trabajo de la Junta de Castilla y León estima que esos serían los argumentos “fundamentales”, es decir, que la desestimación provendría tras contemplar “causas económicas y organizativas”.
Pescapuerta, obligada a reanudar la actividad
Así, no se autoriza a Grupo Pescapuerta a que “extinga por causas objetivas” la relación laboral con los 179 trabajadores afectados de Congelados Elmar, de los que 174 pertenecen a las instalaciones que la empresa tiene ubicadas en el Polígono de Onzonilla de León. “La relación subsiste y la empresa tiene la obligación de dar ocupación efectiva a los trabajadores, remunerarles y cumplir todas las obligaciones del estatuto de los trabajadores, con todos los derechos y deberes”, ha señalado Carlos Díez.
De esta forma, cuando finalice el periodo del ERE temporal, “los empleados tienen que volver a trabajar”, tal y como ha informado el director general. Pero el caso de Elmar deja de manifiesto que en ocasiones el planteamiento de las empresas no tiene por qué llegar a buen puerto. “La autoridad sólo autoriza a aquellos casos en los que realmente existe una causa para ello o que haya acuerdo con los trabajadores”, ha recordado Díez.
Una “buena canasta”
En León, el año pasado, el 94 por ciento de los expedientes de regulación o de extinción partían con un acuerdo entre las empresas y los representantes de los trabajadores afectados. En este caso, la resolución de este conflicto laboral se ha realizado “de conforme a la ley” y sin “coacciones”.
Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Guillermo García, ha asegurado que “León ha metido una buena canasta” en la resolución de este conflicto laboral de los trabajadores de Congelados Elmar. Además, a su entender, además de la “lucha” de los representantes de los trabajadores, ha destacado en la resolución positiva para los empleados el papel de la Dirección General de Trabajo, del Ayuntamiento de León y de la Diputación provincial.
Inspección de Sanidad
Además, se ha referido a las inspecciones que está realizando técnicos de Sanidad de la Junta de Castilla y León para analizar si proceden sanciones a Grupo Pescapuerta al haberse detectado en varios supermercados leoneses una partida de productos congelados correspondiente con el lote 1452, que lleva el sello de calidad de Congelados Elmar, aunque fueron realizados en la planta que Grupo Pescapuerta tiene en Coimbra (Portugal), sin que pasaran por la planta leonesa.
Al respecto, Guillermo García ha explicado que, aunque no puede “avanzar más”, se investigan las “posibles infracciones” para “identificarlas”. “Si tenemos todos los datos, todos los ingredientes, podremos hacer un buen expediente y que salga lo que tenga que salir”, ha comentado el delegado.
"Es un notición"
Para Ricardo López (USO) la noticia de la denegación del expediente de extinción planteado por Pescapuerta en realidad es "un notición". "Ellos han hecho uso de un ERE de suspensión de jornada que ahora llega a su fin y tras el rechazo de la extinción la realidad es que nos tendremos que incorporar a nuestros puestos el próximo día 24", ha señalado. "Nos tendremos que incorporar a trabajar inmediatamente", también ha remarcado.
Para los representantes de los trabajadores el hecho de que Pescapuerta "haya movido" material de la planta de Elmar en Onzonilla no debe ser "algo insalvable" para retomar la actividad. La anulación del expediente, a juicio de los representantes sindicales, supondrá que se respeten los derechos de los trabajadores y principalmente el derecho "a defender con la legalidad su puesto de trabajo".
