Después de atravesar medio continente africano y recorrer más de 4.000 kilómetros en un interminable viaje de diez meses, el joven camerunés Franklin alcanzó su objetivo: España. Sin embargo, quince meses después de ese 9 de octubre de 2010 en el que la Policía interceptó la patera con la que cruzaba el Estrecho de Gibraltar con unos amigos, aún espera en Burgos que el Gobierno le conceda el anhelado estatus de refugiado para poder “vivir como una persona normal”.

El joven demandante de asilo expuso hoy su caso en una jornada organizada en Valladolid por las ONG Entreculturas y Accem para “sacar del anonimato” a los cientos de miles de refugiados que hay en el mundo, aunque lo primero que aclaró es que Franklin no es su nombre auténtico, sino uno elegido para mantener el anonimato porque, aunque reside legalmente en España, su permiso de trabajo es temporal y aún está pendiente de que las autoridades decidan darle el estatus de refugiado o rechacen su petición, lo que le obligaría a abandonar el país o permanecer aquí de forma irregular.

Con tan sólo 23 años, Franklin acumula más experiencias que mucha gente en toda su vida. En un español más que aceptable, explica que el 14 de diciembre de 2009 decidió abandonar su país natal por la persecución política a la que se vio sometido cuando se organizó junto a otros compañeros para luchar por la separación de Camerún de la minoría anglófona, sometida a la mayoría francófona desde la independencia de las potencias coloniales a principios de los años 60.

“Allí no hay libertad, no puedes hablar porque la Policía te persigue”, señala el joven, quien remarca que la zona anglófona es rica en recursos naturales, como petróleo o gas, pero no hay oportunidades de trabajo y además el poder está en manos de los francófonos.

“No podía vivir allí porque no podía salir de casa, no tenía seguridad”, asegura Franklin, quien relata cómo llegó desde Camerún a Marruecos en un periplo de varias semanas a través de Nigeria, Níger, Mali y Argelia, esquivando a las fuerzas de seguridad por el desierto porque no tenía un pasaporte en regla.

Ya en Marruecos, pasó allí seis meses trabajando en la construcción para conseguir algo de dinero con el que compró un pequeño barco junto a unos amigos para intentar cruzar el Estrecho y llegar a España. “Salimos a las dos de la madrugada y pasamos once horas en el mar hasta que la Policía española nos encontró y acabamos en la cárcel de Algeciras, donde estuve 41 días antes de ganar mi libertad”, relata.

En aquel momento entró en su vida la organización no gubernamental Accem, dedicada a atender a los refugiados, quien primero le acogió en un centro en Cádiz y luego en otro de Valladolid, donde pasó cuatro meses e inició el proceso para pedir asilo político, que aún no ha concluido. Desde hace casi un año reside en Burgos, con una pequeña ayuda del Gobierno para su manutención y alojamiento.

“Ser refugiado es un largo camino, no es un proceso de dos o tres meses. Primero me dieron una tarjeta blanca con una validez de siete días mientras decidían si aceptaban mi solicitud, luego otra tarjeta para vivir en España otros seis meses sin poder trabajar y después una tarjeta roja que supone que ya tengo permiso de trabajo, pero me lo pueden quitar en cualquier momento si rechazan mi solicitud”, explica.

“Si sale bien, me darán un permiso de residencia por cinco años”, comenta Franklin, quien confía en que su sueño se haga realidad y pueda “vivir como una persona normal”, trabajar y “seguir estudiando”.

Refugiados urbanos

Aunque no lo ha tenido fácil, Franklin puede considerarse un afortunado si se compara con los cientos de miles de refugiados que malviven en los suburbios de grandes ciudades de los países menos desarrollados, sin apoyo de las autoridades y auxiliados sólo por Acnur y organizaciones no gubernamentales, como el Servicio Jesuita al Refugiado (SJR). Su director en Sudáfrica, Rampe Hlobo, explicó hoy en Valladolid que sólo en la capital de este país, Johannesburgo, hay 470.000 personas en esta situación.

Por ello, desde SJR se afanan para poder facilitarles comida, alojamiento y algo de formación que les permita encontrar un trabajo e “integrarse en la sociedad” para que empiecen una nueva vida alejados de los problemas que les llevaron a abandonar sus lugares de origen.