El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sostuvo hoy que la nueva Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, que será presentada en las próximas semanas en las Cortes autonómicas, establecerá “de forma ordenada y transparente” las condiciones necesarias “para estimular y no coartar”, la promoción de viviendas en general, y en particular de VPO. Indicó que la norma responde a una planificación más ajustada a la demanda real de vivienda y perseguirá la racionalización del crecimiento residencial, de forma “que se haga compatible el ejercicio del derecho a una vivienda digna con un uso más sostenible y con más futuro del conjunto del suelo”.

El jefe del Ejecutivo autonómico realizó esta declaración en su intervención durante la firma del convenio con el Gobierno de España para la conversión en protegida de 30.000 viviendas libres de la Comunidad. En este sentido, calificó de “ejemplar” esta medida de consenso, si bien consideró que para que este ‘stock’ no vuelva a generarse son necesarias iniciativas de carácter estructural frente a las transitorias.

En todo caso, Herrera precisó que se trata de un acuerdo “muy importante” por lo que instó a las administraciones y organizaciones sociales y económicas integradas en el convenio a ponerlo “inmediatamente” en práctica al servicio del conjunto de la Comunidad “como buen ejemplo de España al servicio de un sector que pasa un momento complicado y al de las familias más necesitadas”.

Asimismo, rechazó que este acuerdo se pueda entender en “términos de negocio, sino de oportunidades para un sector económico vital para Castilla y León y para su futuro, que está sufriendo con la crisis”. “El sector de la edificación verá reducido su excedente de viviendas con este acuerdo, podrá refinanciar sus empresas y generar recursos para generar más riqueza y nuevos puestos de trabajo”, subrayó. También manifestó el punto de vista social del mismo, que “dará respuesta a familias y personas que necesitan acceder a una vivienda a un precio inferior al del mercado libre”.

Por todo ello, el jefe del Ejecutivo autonómico destacó el consenso en políticas activas que “favorecen” al sector y a los ciudadanos y añadió que se trata del “modelo a seguir, aunque con los márgenes presupuestarios existentes, con sumisión a las políticas de endeudamiento y por tanto de limitación del déficit y gasto público”. En este sentido, recordó que las comunidades autónomas deben hacer frente a numerosas responsabilidades sociales, como la educación, la sanidad o la dependencia, pero sin dejar de lado el derecho a la vivienda, aspecto que prevé este acuerdo suscrito hoy en Valladolid.

Récord de licitación

Juan Vicente Herrera también recordó que en Castilla y León durante 2009 se registró un récord de licitación de obra que se materializará en 2010 y 2011 “y se recrecerá dentro de las exigencias del déficit, en base al esfuerzo público de construcción”. Sin embargo, consideró que en el apartado privado, la construcción es uno de los sectores que más ha sufrido por la crisis, algo que se ha traducido, comentó el presidente, en la importante restricción del acceso a los créditos y en la caída del mercado de la vivienda, “corregido en el último trimestre de 2009”.

El jefe del Ejecutivo citó la “tensión” que existe en los municipios debido a que numerosas familias “no pueden acceder a la vivienda, mientras muchos inmuebles dentro del propio término se encuentran vacías”. Por ello, asumió el “riesgo de dar cuenta del éxito del convenio para dirigir ese problema con la ayuda de las administraciones”.

“Coche eléctrico”

Por su parte, el presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Emiliano Alonso, alabó este convenio y agradeció la implicación a todas las administraciones y entidades integradas en el mismo. Aún así, coincidió con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en que desde el punto de vista empresarial, la rehabilitación de viviendas “es el coche eléctrico de la automoción” y consideró que ese debe ser el eje de la salida del estancamiento que sufre el sector.

Ahí es donde hay que enfocar, según Alonso, a los trabajadores de la construcción, ya que “no saben hacer otra cosa”. “No podemos ponerlos a trabajar a hora en I+D+i, y la rehabilitación es un factor muy importante”, señaló el presidente de los empresarios constructores, quien instó a los ayuntamientos a llevar a cabo este tipo de actuaciones, después de que la Junta lo haya regulado ya.

También destacó la importancia del sector de la construcción, del que dependen 60 actividades empresariales “que ahora están prácticamente paralizadas”. Se estima que alrededor de 600.000 trabajadores de la construcción, según los empresarios, y 300.000 según el Ministerio de Vivienda, se podrían recolocar gracias a la rehabilitación de viviendas, con lo que una parte importante de los 800.000 empleados del sector que se han quedado en la calle con la crisis podría optar de nuevo a su trabajo.

Asimismo, consideró que durante 2010 ya se comenzará a crear empleo, y no hizo caso de las estimaciones “tan terribles” que lo auguran dentro de tres años. “La situación es desoladora, pero la licitación oficial ha crecido un 30 por ciento en España”, dijo, para abogar por que ese es el camino, “reacciones a base de inyección económica aunque ello suponga un aumento del endeudamiento, situación de la que España ya ha sabido salir en ocasiones anteriores”.

Por otro lado agradeció a las entidades financieras colaboradoras que “den el do de pecho” en este acuerdo suscrito hoy, a través de avales suficientes y respaldados por las administraciones. Así, puesto en marcha el convenio, las entidades financieras y los promotores “tendrán acceso a una mayor liquidez en el sector de la construcción, que necesita un mercado estable, porque si no la economía española no saldrá adelante”.

Además de los representantes de las administraciones y entidades firmantes, en el acto también estuvieron presentes el delegado del Gobierno en la Comunidad, Miguel Alejo; el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Jesús María Terciado; los presidentes de Caja España y Caja Duero, Santos Llamas y Julio Fermoso, respectivamente; la presidente de la Cámara de Contratistas, Isabel de Blas; el procurador del Común, Javier Amoedo y el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, así como representantes de UGT y CCOO, entre otros.