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Un grupo de cuatro guardias de seguridad se han asentado desde primera hora de la tarde de este jueves en esta edificio propiedad de la administración autonómica encadenando todas las puertas de acceso e incluso tapiando la puerta posterior del inmueble. Además, han instalado carteles donde se puede leer ‘Propiedad privada. Prohibido el paso’.
Una quincena de activistas sociales se han reunido a las puertas del Laboratorio Social que han estado arropados por Santiago Ordóñez, delegado provincia de IU, con el objetivo de intentar negociar que la Junta les entregue el material que los ‘indignados’ tienen en el interior del inmueble.
En plazo para "alegaciones"
El pasado lunes los ‘indignados’ recibieron una notificación firmada por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León dando un plazo de ocho días para desalojar el edificio. Sin embargo, según denuncian desde el movimiento, la Junta, sin cumplir el margen establecido ha optado por tomar el edificio.
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Uno de los jóvenes a las puertas del Laboratorio Social que la Junta ha 'reconquistado'.
“Estando en plazo para presentar alegaciones o para preparar el desalojo la Junta ha optado por acceder al interior del edificio, es decir, ha optado por ocupar un edificio que en cierto modo la propia administración ha ocupado un edificio que estaba ocupado”, destacó Ordónez, quien aseguró que actualmente se están estudiando la situación legal y que los guardas de seguridad han mostrado su negativa de que los ‘indignados’ accedan al interior para recuperar sus enseres.
La indignación es latente en los ‘indignados’ que este mismo jueves tenían previsto celebrar una asamblea para decidir si desalojaban o realizaban alguna actividad en contra del desalojo. “Sin embargo, se han encontrado con una empresa privada que ha usurpado lo que era ahora mismo el Laboratorio Social abierto”.

Los guardas de seguridad han encadenado los accesos del Laboratorio Social.
Un espacio para la recuperación
El objetivo del moviendo era recuperar un espacio público para brindárselo a la ciudadanía, un lugar para el debate, donde se ponga en primer lugar la persona con todos sus valores “frente al mercantilismo que trata a los individuos como mercancía y como consumidores”. Los indignados entendían que este inmueble es sólo un ejemplo más del despilfarro de las administraciones, en este caso de la Junta de Castilla y León que “teniendo edificios abandonados se gasta un importante montante de dinero en alquileres”.


