EL INVERSOR INQUIETO

Según parece hay varias similares en Canarias, donde a un alcalde le impusieron una multa de 1.500 euros hasta que pagase una expropiación forzosa, o en Cataluña dónde también se imponían sanciones al alcalde hasta que retirase una antena de telefonía ilegal.

En los últimos tres años ya nos hemos acostumbrado a la frase de que estamos pagando los excesos cometidos tanto por las empresas, las familias, las entidades financiera y los entes públicos. Como la situación que vivimos es absolutamente dramática, y ha venido para transformar los pilares centrales de nuestra sociedad de consumo, lo cierto es que las administraciones públicas están empezando a notar la asfixia por falta de oxígeno, es decir, liquidez.

No olvidemos que en junio España ha estado a punto de suspender pagos por problemas de liquidez, y eso se traslada en espiral de la administración central a las autonómicas y locales. De hecho, según datos del Banco de España, las deudas de los más de 8.000 municipios  que hay en España, superaron en el primer trimestre de 2010 los 36.000 millones de euros. A todo ello hay que sumar, que unos 6.500 municipios de pequeñas ciudades, tendrán que devolver al Estado unos 565 millones de euros por desajustes con la recaudación de 2008. Concretando en nuestra provincia, los medios de comunicación locales han señalado que Ponferrada tendrá que devolver un millón y medio de euros, León 513.000 euros, San Andrés 490.000 euros, Astorga 224.000 euros, Villaquilambre 217.000 euros, Bembibre 175.000 euros, Villablino 108.000 euros y Valverde de la Virgen más de 99.000 euros.

La consigna es que todos tienen que apretarse mucho el cinturón, veremos como lo hacen y las consecuencias que ello supone. Lo cierto es que desde el Gobierno central están pendientes de sacar adelante la Ley de Haciendas locales y desarrollar la Ley de Morosidad, pero por el momento están pensando en dar una serie de créditos a través del ICO para que los ayuntamientos puedan atender los pagos de las facturas que tienen pendientes con empresas y autónomos.

Los alcaldes que no cumplan con el plazo de 30 días, que les da la nueva ley de Morosidad, para pagar las deudas que tengan con el sector privado, podrán encontrarse con el peligro de sanciones sobre su patrimonio personal, cosa que hasta ahora no había sucedido. Lo normal es que la Justicia fuese contra el patrimonio de los ayuntamientos, pero la sensibilidad de algunos jueces sobre la gravedad de la situación, y las quiebras que provocan en muchos deudores, parece que está provocando este tipo de cambios en las sentencias.

La encrucijada en la que se van a encontrar muchos alcaldes será si pagan las nóminas o las deudas. Si a esto añadimos que pronto estarán en campaña electoral, lo cierto es que los problemas se les acumulan de forma importante. Todos ellos pagarán la gestión poco eficiente de los años de vacas gordas, y ahora que han llegado las flacas, que algunos creían que no existían al amparo del papa Estado, tendrán que hacer frente a situaciones conflictivas y complejas, fruto de todos los errores del pasado.

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