El presidente y el secretario general de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl), Javier Gracia y Eugenio García Tejerina, indicaron hoy que la denominada ‘ecotasa’, la nueva figura impositiva que recoge el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, supondrá un sobrecoste anual de entre 27 y 30 millones de euros, es decir, unos 6.000 euros por megavatios instalado de media. Por ello, advirtió de que el impuesto podría incrementar la tarifa que pagan los consumidores por la electricidad y afectar a la “velocidad” de desarrollo del sector.

El secretario de Apecyl expuso que el sobrecoste del tributo “lastra, grava o ajusta aún más los márgenes” el “umbral de rentabilidad” de los parques, reconocido por ley en términos razonables. Por ello, el presidente de la asociación señaló que algunas empresas podrían dejar de explotar aquellos con una baja rentabilidad, si bien señaló que el impuesto se aplicará a las instalaciones “más maduras” y en un menor porcentaje a las nuevas, para que las empresas puedan amortizar sus inversiones.

No obstante, Javier García sostuvo que las nuevas tecnologías hacen que esté en “constante mejora” la eficiencia de los nuevos parques, por lo que señaló que serán las plantas con más antiguas las que a la larga se enfrenten a mayores problemas. Aunque apuntó que el tributo “no tiene por que comprometer o lastrar las inversiones”, precisó que si supondrá una nueva barrera que puede “paralizar” el crecimiento del sector en Castilla y León, en beneficio de otros territorios. De esta forma, alertaron de que el sector tenía previsto nuevas inversiones para contar en 2016 con 2.000 megavatios y en 2020, con 10.000 más.

Al respecto, García Tejerina advirtió de los “riesgos” que entrañaría para el sector “alterar” la seguridad jurídica con que cuenta en Castilla y León, lo que a su juicio podría “orientar inversiones hacia otras comunidades autónomas”. Recordó que la ‘ecotasa’, que gravará la producción hidroeléctrica, las líneas de alta tensión y la producción eólica, sólo se aplica en Galicia y Castilla-La Mancha.

Temporal y excepcional

En ese sentido, los representantes de Apecyl indicaron que ha pedido en sus reuniones con el Grupo Popular y la Junta de Castilla y León que la ‘ecotasa’ tenga un carácter temporal debido a que se justifica por la situación “excepcional” del momento económico que obliga a consolidar las cuentas de la Comunidad Autónoma. Así, García Tejerina exigió que se vincule su aplicación a la superación de las “dificultades” financieras y reclamaron que se arbitre mecanismos para evitar que cause “más daño” a la economía.

Asimismo, García Tejerina destacó la “lealtad” de la asociación en las reuniones que ha mantenido con la Junta y valoró el “éxito” de Castilla y León en la instalación de parques eólicos. Aseguró que la actuación del Ejecutivo autonómico es digno de las “mayores consideraciones”, aunque insistió en que no comparten los términos en los que se va a aplicar el nuevo tributo, que a su juicio no forma parte de la “fiscalidad verde” o de perfil ambiental, ya que grava la generación de energía a través de las renovables y no se aplica a las fuentes convencionales (carbón, nuclear y ciclo combinado”.

Viabilidad jurídica

En cuanto a la viabilidad jurídica, el secretario de Apecyl indicó que la aplicación de este tributo en Galicia y Castilla-La Mancha ha conllevado la presentación de recursos de constitucionalidad. Explicó que se puede argumentar una “doble imposición” ya que supone aplicar un impuesto a un hecho que ya cuentan con gravámenes del Estado o de las entidades locales. Para ello, los promotores eólicos, aunque no han tomado una decisión, podrían recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) una vez reciban las liquidaciones fiscales.

También, García Tejerina precisó que el nuevo impuesto contraviene la legislación comunitaria, ya que las directivas europeas en el marco de la fiscalidad ambiental apuestan por el fomento de las renovables. Además, indicó que se debería aplicar este impuesto en la Comunidad de forma solidaria a todo el sector de generación de energía y rechazó la justificación dada por la Junta de que pretende “desincentivar prácticas perjudiciales”, precisamente señaló que las renovables se justifican por sus “beneficios” ambientales.

Marco retributivo

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Promotores Eólicos instaron al consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, a que exija al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que defina ya el marco retributivo que se aplicará a partir de 2013 a los megavatios nuevos. Javier García reconoció que la Junta prevé celebrar este encuentro de forma “inmediata” y señaló que el sector está “movilizado”. Destacó que se podría reactivar la parte industrial de componentes del sector si se clarifican las “reglas de juego”.

Finalmente, García insistió en la “urgencia” de que se establezca la tarifa y remarcó que Castilla y León puede mostrar su saber hacer en la ejecución de proyectos y señaló que la Comunidad es la autonomía que más megavatios ha instalado gracias a su modelo de “estabilidad industrial”. Por ello, confió en que la Junta y el Ministerio, del “mismo signo político”, puedan impedir que el sector eólico pierda “velocidad”.