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Los sindicatos ya han comunicado al alcalde, Gregorio Chamorro, que si esta situación no se regulariza de “forma inmediata”, procediendo si fuera preciso por razones del servicio a la contratación en legal forma de los empleados públicos afectados, se ejercerán acciones contra el Ayuntamiento, “incluso de carácter penal”, contra los funcionarios y autoridades responsables de su mantenimiento.
Así, sostienen que se trata de una “situación contraria”, no sólo al Plan de Ajuste aprobado, “si no a las normas vigentes en materia de restricción del gasto público, a las normas vigentes de limitación en el acceso al empleo público, a las normas de acceso a la función pública conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y además, afecta al resto de empleados públicos municipales en el marco de las medidas de ajuste aprobadas”.
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