Hace 10 años, los tribunales españoles ordenaron la detención de Pinochet en Londres poniéndose a la cabeza de la aplicación del principio de jurisdicción universal. A pesar de que la Fiscalía española entonces ya intentó entorpecer esta tarea, en estos años se han impulsado investigaciones judiciales sobre delitos contra la humanidad en Chile, Argentina y otros países. 

Ahora se repite la misma historia con la denuncia de más de 114.000 casos de desapariciones forzadas en España durante la Guerra Civil y el franquismo. El Ministerio Fiscal ignora así los derechos de las víctimas y, lo que es más grave, demuestra su desconocimiento de las obligaciones de derecho internacional que vinculan al Estado español.

La Fiscalía, que debería actuar de oficio para garantizar la legalidad, ha recurrido el auto del juez que declaró su competencia para investigar estos casos. Un recurso lleno de falsedades y mitos, como que la Ley de Amnistía de 1977 impide investigar estos delitos, o que éstos ya han prescrito (a pesar de tratarse de crímenes contra la humanidad que, por su carácter generalizado y sistemático, no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía).

Es más, la propia Ley de Amnistía, cuya derogación han pedido la ONU y Amnistía Internacional, excluye de sus beneficios los actos que hubieran supuesto “violencia grave contra la vida y la integridad de las personas”, como las desapariciones forzadas.

Si el Estado español no respeta ahora sus obligaciones internacionales, incluida la de garantizar una investigación judicial efectiva de los más graves crímenes contra la humanidad, se arriesga a ser el hazme reír de la Comunidad Internacional por no hacer los deberes en casa. Y es que para pasar página, primero hay que leerla.