El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, insistió este lunes en que la medidas del Plan de Racionalización del Gasto y del proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras son “ponderadas y razonables”, ya que buscan garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario tal y como se conoce hoy sin recurrir a la bajada de salarios, cierre de consultorios y de servicios, algo que ha ocurrido en autonomías como Cataluña. Es más, precisó que la Junta no contempla en su agenda medidas restrictivas de este tipo, pero sí pide un esfuerzo a los empleados públicos de la sanidad, como también lo ha hecho al resto de ciudadanos con el llamado ‘céntimo sanitario’ y a la propia Administración con el “adelgazamiento de sus estructuras”.

Sáez Aguado, que realizó estas declaraciones minutos antes de reunirse con jefes de servicio de Atención Primaria y Especializada y con las supervisoras del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, explicó que el objetivo de la ampliación de la jornada laboral en 2,5 horas, hasta las 37,5, y la fórmula en que se aplicará pasa por aumentar la actividad, lograr ahorros y provocar los menores inconvenientes posibles en cada una de las categorías.

“A nadie le gusta trabajar más, cobrando menos, pero la situación económica de Castilla y León y de las administraciones es muy complicada. Por eso, se pide un esfuerzo a todos, para mantener la sanidad pública de hoy y la de mañana como la conocemos”, un servicio que, desde su punto de vista, es muy valorado por los ciudadanos y en el que tienen que ver mucho los profesionales del sector, que son los que tienen una mayor especialización de la Comunidad, sentenció.

Finalmente, el consejero recordó que en los últimos años se “han hecho importantes esfuerzos” en la contratación de profesionales, con 7.000 más; en la dotación de infraestructuras y en la de tecnología, pero “ahora toca” apretarse el cinturón para garantizar los fundamental de la sanidad, que es la asistencia.

“Los paganos” de la Administración

Este mensaje que el consejero está intentando explicar sobre el terreno a los afectados no fue bien recibido entre parte de los trabajadores. A su llegada, el consejero fue coreado por representantes de varios sindicatos profesionales –UGT, CGT, CSIF, SAE, CESM y SATSE-, quienes advirtieron que no se “doblegarán” ante los recortes y que tampoco soportarán ser “los paganos” de la Administración.

Así, el secretario general de Cesm en Castilla y León, Eloy Díez, advirtió que no admitirán estas propuestas que, desde su punto de vista, no mejorará la situación económica de la sanidad, a lo que se une que empeorarán las condiciones de estos trabajadores. Entre otros ‘ataques’, enumeró que perderán calidad de vida al tener que trabajar por las tardes, al tiempo que también se suprimirá la retribución por descanso de guardia.

Desde SATSE, su secretaria autonómica, Silvia Sáez, exigió a la Consejería de Sanidad que tenga en cuenta sus propuestas pues, aunque entienden que deben sumar en el esfuerzo común para mantener la sostenibilidad del sistema, esto no debe implicar un empeoramiento de sus condiciones laborales. En todo caso, se felicitó porque, “parece” que podría tenerse en cuenta una de sus demandas históricas, el reconocimiento del solape de jornada, el tiempo que emplean en los cambios de turno para garantizar la continuidad asistencial. No obstante, advirtió que no pararán hasta que se oigan sus exigencias.

De momento, el próximo miércoles, 8 de febrero, anunció que se movilizarán junto con UGT y SAE, frente a la sede de las Cortes de Castilla y León, con motivo de la celebración del Pleno en el que está previsto que se dé luz verde al proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. Además, continuará con medidas de presión hasta el próximo 1 de abril, fecha en la que la Junta prevé aplicar el aumento de la jornada de los empleados públicos.

Por su parte, Tomás Pérez, secretario de Acción Sindical de la FSP de UGT, consideró que se proponen medidas de carácter innegociable, como la referida a un plan de control de incapacidad temporal, que deriva de la propuesta general de la Junta de limitar a los tres meses el complemento empresarial en caso de baja laboral. En este sentido se pronunció Ana Tobal, secretaria autonómica de SAE, quien consideró que el consejero “ha roto el diálogo”, al no trata de negociar sino de “imponer las medidas” y no tener en cuenta reclamaciones históricas del colectivo de enfermeras, como el reconocimiento del llamado solape de jornada.

Mientras, el presidente del sector de Sanidad de CSIF, Félix Bravo, insistió en que los “paganos” de la crisis están siendo los empleados públicos, cuando han sido los políticos los que la han generado “por su mala gestión”. Con estas decisiones, dijo, “desilusionan” a un personal que sufre una “gran presión asistencial y al que, además, le amplían la jornada”. “Pedidos más contratos, más recursos financieros y que no se merme la calidad, ni que acaben con unos derechos históricos adquiridos con mucho esfuerzo”.

Desde CGT, sus representantes entregaron un escrito al consejero, en el que reivindicaron que no se vulneren derechos de los trabajadores y que altos cargos y cargos intermedios no se utilicen para recortar en las bases.