Viernes 10 de febrero de 2012 | Actualizado a las 22:16 h.
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Llorente recordó además que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) "no ha tomado todavía la decisión de transferir la cuota a Acor”, a lo que añadió que “aunque se transfiera la cuota de las 16.000 toneladas de azúcar, León no se verá afectada en ningún momento”, ya que “sólo hay un agricultor de 150 toneladas de remolacha que ha firmado la transferencia de cuota” y, en este caso, “los derechos de las mismas son de los agricultores de la azucarera de Miranda, que sería la única que podría tener algún tipo de problema si se transfiriese”, mientras que “en León no hay ningún riesgo”.
Por este motivo, el secretario general de Ugal-UPA pidió a UGT y al comité intercentros que cuiden sus declaraciones, ya que “es la cuarta vez que cierran ellos mismos la azucarera”, y advirtió que “si hay reducción de puestos de trabajo no es culpa del sector productor, sino de sus acuerdos y de la modernización que están haciendo las plantas”.
Llorente consideró además que, lejos de hablar de un problema para la provincia, “León es la que más posibilidades tiene de aumentar la producción y la cuota”, precisamente por el hecho de tener la azucarera ubicada en su territorio. Pese a esto y para garantizar la estabilidad del sector, el secretario general de Ugal-UPA indicó que “es necesario empezar a hablar con British Sugar de lo que va a ser el cultivo de la remolacha en el futuro”. Algo que consideró necesario, ya que a partir de 2013 se perderán todas las ayudas de la Unión Europea y el precio de la tonelada de remolacha “quedará en 29 euros”. Una cantidad “que hace muy difícil cultivar remolacha en la provincia de León, aún con 140 toneladas de media por hectárea”.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reconoció este miércoles en Benavente (Zamora) tener "incertidumbre” respecto al proceso de fusión de las entidades de ahorro de la Comunidad, sin mencionar en ningún momento el nombre de alguna de ellas, y afirmó que “no será a este Gobierno ni a este presidente, o a las fuerzas políticas de Castilla y León, al que se le tenga que reprochar este retraso en lo que tenían que haber sido decisiones voluntarias de las entidades”.
Herrera, quien realizó estas declaraciones antes de visitar la primera fase de la ampliación del Hospital de Benavente, recalcó que “estamos hablando de un asunto planteado al debate de las entidades desde hace dos años” e insistió en que no se podrá achacar a la Administración regional ni a los grupos políticos de la Comunidad autónoma el retraso “del sometimiento a un procedimiento administrativo que tiene un determinado plazo”.
El jefe del Ejecutivo recordó que hay “fecha límite para una autorización que está regulada, que tiene un trámite y un procedimiento”, y que se ha visto afectada por el hecho de que, durante dicha tramitación, “el Gobierno aprobase un Decreto Ley que modificó aspectos muy sustanciales del régimen de las cajas y que, posteriormente, fue convalidado como la nueva Ley de Cajas con el Parlamento de la nación”.
Por último, el presidente de la Junta indicó que “en esa labor de transposición de la normativa estatal y del examen y autorización responsable del expediente relacionado con la fusión”, la Administración regional “está trabajando”. En este sentido, garantizó que “antes de la finalización de este plazo se habrá producido el sometimiento de la autorización positiva al Consejo de Gobierno”.


