Según consta en la sentencia, en el artículo XI de los Fundamentos del Derecho, “Efectivamente, se está ante una declaración de inefectividad o nulidad para la aplicación de la Ordenanza Fiscal para el año 2008, pero tal medida se adopta por una razón externa a la propia Ordenanza, cual es su publicación real fuera del tiempo en que debió ser hecha, e imputable, en buena medida a un tercero, la Excelentísima Diputación Provincial que, por una serie de circunstancias, no pudo imprimir el Boletín Oficial de la Provincia en el plazo que debió hacerlo”.

Ante esta resolución, Cardo ha insistido en que “se ratifica lo dicho desde el Ayuntamiento desde el primer momento”, es decir, que la “actuación” del equipo de gobierno ha sido “correcta” y que la “única responsable” es la institución provincial. Ante esta situación, el concejal de Hacienda ha recordado que ya se ha materializado una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Diputación que se presentó “en su día” para que sea esta institución la que corra con los gastos de la devolución del IBI si el recurso alcanza firmeza en estos términos.

“Las consecuencias practicas no serán, en ningún caso, en perjuicio de los ciudadanos y tendrán que ser asumidas por la responsable, que es la Diputación”, ha comentado Cardo quien ha recordado que se calcula que los recibos del IBI recurridos por considerar nula la entrada en vigor de la subida el 1 de enero de 2008 por ese error de la Diputación, asciende a 5 millones de euros.

Una copia de la sentencia en la que se responsabiliza a la Diputación. (leonoticias.com)

Devoluciones

No obstante, el concejal de Hacienda ya se comprometió en su momento, incluso con acuerdo plenario, a que si la Justicia declaraba nula la subida del IBI, se devolvería el importe de los recibos cobrados a todos los ciudadanos, no sólo a quienes lo hayan recurrido, para lo que habría que buscar la “fórmula legal” para hacerlo.

Ahora, el proceso contempla la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia emitida a última hora de la mañana de este viernes por la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En caso de que emita una sentencia en estos términos y anule la entrada en vigor de la subida del IBI el día 1 de enero de 2008, se devolverá ese importe cobrado “pero el perjuicio no será para las arcas del Ayuntamiento, sino con cargo a la Diputación”, ha comentado Cardo.

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