La unión hace la fuerza y el sector del carbón la va a necesitar más que nunca a partir de ahora. Al menos esto es lo que mantienen los gobiernos de Asturias y de Castilla y León, que junto a los empresarios agrupados en la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión) han decidido constituir un 'frente común' para luchar por el futuro de la única fuente energética autóctona con que cuenta España.

Sin embargo esa 'unión' no parece suficiente para solventar la grave crisis en la que en estos momentos se encuentra sumido el sector minero. El mineral se sigue sacando de las galerías, pero nadie lo consume (al menos, en la cuantía necesaria como para que el sector siga 'vivo').

Victorino Alonso, el mayor empresario minero del país, ha dejado claro que hasta que las empresas consigan liquidez a través de los mecanismos establecidos en el real decreto paralizado ahora por Bruselas no podrán hacer frente a los gastos corrientes, incluidos los salarios de los trabajadores.
 
La patronal considera que la medida afecta directamente a más de 2.100 trabajadores, además de otro millar directamente vinculado a las subcontratas.

Almacenamiento "irrisorio"

El Gobierno decidió prorrogar por un periodo de un mes (margen de tiempo que Unosa ha reducido a la mitad)el almacenamiento estratégico de carbón autóctono para dar un respiro a las empresas, pero Carbunión considera "irrisoria" la cantidad de carbón que Hunosa va a comprar.

También aseguró que que las ventas a la empresa pública previstas por el Consejo de Ministros no permitirían pagar las nóminas. La patronal, que asegura que el sector acumula un déficit de 250 millones después de seis meses sin facturar, pidió a Hunosa que asuma el excedente de cuatro meses de rendimiento, entre marzo y junio.

La situación parece límite hasta el extremo de que los sindicatos mineros han puesto sobre la mesa la necesidad de tomar medidas de presión. Éstas podrían ir en dos direcciones, una huelga o 'encierros permanentes' que serían de carácter rotatorio entre los trabajadores.

Y pendientes de Bruselas

Con todo lo que más preocupa ahora a los empresarios es la paralización por Bruselas del real decreto, pero tras este apremiante problema está otro mayor aún: la prórroga del reglamento de ayudas de la UE. Termina el próximo 31 de diciembre y la propuesta de los comisarios europeos, que aún no es definitiva, habla de conceder únicamente ayudas al cierre de empresas.

El real decreto es ahora, sin embargo, lo que provoca los mayores dolores de cabeza a las empresa mineras. El texto que insta a las eléctricas a consumir carbón nacional está pendiente de la aprobación definitiva por parte de los comisarios europeos, y pese a que cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de la UE desde hace tiempo, el colegio de comisarios no acaba de aprobarlo.

Trabajo de 'lobbys'

Los empresarios mineros lo achacan al trabajo de los 'lobbys' gasísticos de Bruselas y por eso han pensado en que la única forma de defenderse y salir de esta situación es aplicar las mismas armas, es decir, constituir un grupo de presión con apoyo político y empresarial. Por ese motivo, los Gobierno del Principado de Asturias y de Castilla y León han decidido impulsar un frente común, para pedir la «inmediata» aprobación del decreto.

Así lo dejaron claro el consejero de Industria del Principado, Graciano Torre, y la viceconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Begoña Hernández, tras la reunión celebrada en la sede de la consejería de Industria con el presidente y el portavoz de la patronal minera Carbunión, Victorino Alonso y Gerardo Biaín, respectivamente. Los empresarios han presentado a los representantes de ambos gobiernos una serie de medidas para apoyar la aprobación del texto, algo que consideran fundamental para superar la situación que atraviesan las compañías, sin poder hacer frente a sus gastos corrientes, incluidos los salarios.